martes, 7 de julio de 2009

Ostula: la autodefensa indígena

Algunas poblaciones ocupan un lugar privilegiado en la historia de las luchas emancipadoras en México. Tienen ese espacio porque allí se han lanzado proclamas, planes o manifiestos libertarios o porque han sido el territorio en el que se han escenificado grandes combates sociales. Entre los primeros se encuentran, por citar algunos, Ayutla, San Luis Potosí o Ayala. Entre los segundos están localidades como Veracruz, Cananea y Río Blanco.

Probablemente, con el paso de los años, la comunidad indígena de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, formará parte de la nomenclatura histórica que alimenta el imaginario de la gleba. Otras pequeñas comunidades, como La Realidad y Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, o El Charco y Aguas Blancas, en Guerrero, ocupan ya un lugar central en el relato que da cuenta de las modernas luchas de liberación.

Santa María de Ostula se convertirá en referencia por dos razones distintas. La primera, porque allí se promulgó el pasado 13 y 14 de junio el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena. La segunda, porque dos semanas después centenares de comuneros nahuas de esa localidad recuperaron más de 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos, en una época en la que se ha izado "la bandera blanca" en el campo.

El Manifiesto de Ostula es un documento de enorme trascendencia histórica, pues reivindica el derecho a la autodefensa indígena. Está redactado en el mismo tono y aliento con que fueron escritas las grandes proclamas contra la servidumbre del siglo XIX. No es una declaración de una organización político-militar clandestina. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país.

La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Denuncia la represión gubernamental y paramilitar en su contra, que ha provocado el asesinato y encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas y la ocupación militar de sus territorios. Compara la situación que actualmente padecen los indígenas con la que se vivió durante la fase última de la dictadura de Porfirio Díaz.

El manifiesto explica cómo a lo largo de la historia, los pueblos indios han creado formas legítimas y legales para su autodefensa. Reivindica que, frente a la guerra de exterminio neoliberal que sufren, los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a "organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios".

Este derecho a la autodefensa cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos. Estas fuerzas son necesarias porque las instancias encargadas de impartir justicia son corruptas.

Escasos días después de su firma, la letra del Manifiesto de Ostula se hizo realidad en el mismo sitio de su proclamación. Ante la ausencia de autoridades estatales que defiendan su integridad, las comunidades de Ostula, Coire y Pómaro activaron su policía comunitaria, institución responsable de resguardar las tierras y la seguridad de 23 localidades de la comunidad indígena.

La comunidad indígena de Ostula posee un territorio de más de 19 mil hectáreas, que se extiende del asentamiento costero de La Ticla a las sierras. Está integrada por 49 asentamientos diferentes. La comunidad fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales mediante la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Aunque es la legítima poseedora del paraje costero de La Canahuancera y cuenta con títulos de propiedad que datan de 1802 y 1803, los supuestos pequeños propietario de La Placita se lo habían arrebatado desde hace 45 años.

El 29 de junio pasado pistoleros al servicio de los caciques agredieron a tiros a un grupo de mil pobladores de Ostula que habían recuperado, pacíficamente y por la vía de los hechos, el paraje. El campesino Manuel Serrano resultó herido de bala. La policía comunitaria detuvo a cinco agresores que posteriormente dejó en libertad. Otros tres fueron condenados moralmente y entregados al gobierno del estado. Los indígenas recuperaron la posesión de La Canahuancera.

Pero, más allá del hostigamiento de los caciques, las tierras comunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán y la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.

Una vez que recuperó la tierra, la comunidad de Ostula comenzó a trabajar en la edificación de un nuevo poblado, que será bautizado como Xayacalan, su nombre original. En cinco días construyeron 25 casas. Este terreno es el límite de la comunidad hacia el norte y la puerta de entrada a toda la región nahua.

En Ostula, El Coire y Pómaro no se instalaron casillas electorales. Los comuneros exigen el inmediato castigo de los responsables del ataque sufrido el pasado 29 de junio, y el respeto irrestricto a la posesión que la comunidad tiene sobre La Canahuancera y sobre todas las tierras comunales que le pertenecen en forma inmemorial, así como el respeto y reconocimiento de su policía comunitaria.

La reivindicación de la autodefensa indígena sistematizada en El Manifiesto de Ostula es, simultáneamente, un viejo y profundo anhelo de los pueblos originarios de nuestro país, y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía de facto.

lunes, 6 de julio de 2009

El foxismo-panismo ¿fase superior del priismo?

por Lorenzo Meyer
25/junio/09

En México el cambio ha sido más de forma que de contenido; aún no hay un régimen realmente nuevo


La interrogante o propuesta que da título a esta columna la formuló un colega, José Luis Reyna, el pasado día 19 en un seminario donde se presentaron los cuatro tomos que forman Una historia contemporánea de México (Océano-Colegio de México, 2003-2009). La propuesta es una clara referencia a la famosa definición leninista del imperialismo como fase superior del capitalismo (1916). Obviamente, la caracterización de la naturaleza del actual sistema político mexicano como un tipo superior de priismo apela, en la forma, a nuestro sentido del humor, pero tiene un fondo muy serio.

Veamos más de cerca y con reflexión la definición sugerida por Reyna. Para empezar, supone, y con razón, que el foxismo no es sinónimo de panismo, y que pese a que han desembocado en lo mismo, para propósitos de análisis, conviene no subsumir al primero en el segundo. El foxismo fue una especie de populismo de derecha impulsado por el carisma de un personaje que se colgó del PAN para llegar al poder pero que también requirió y obtuvo otros apoyos. Los "Amigos de Fox", por ejemplo, fueron parte fundamental del foxismo inicial y aunque se trató de una fuerza de derecha, resultaron ser distintos del panismo. Por otro lado, bajo el lema del "voto útil", Fox apeló con éxito a los votantes independientes e incluso a antipanistas y simpatizantes de la izquierda, deseosos todos de poner fin al largo monopolio priista como una condición necesaria para proceder a introducir a México al auténtico pluralismo democrático. Con Felipe Calderón el elemento carismático desapareció por entero y ya fue el PAN propiamente dicho -el PAN duro- la fuerza que llegó a la Presidencia. Ahora bien, ese PAN que sustituyó al foxismo poco tenía que ver ya con el original, con el de Manuel Gómez Morin y sus "místicos del voto". El panismo contemporáneo, al que encarnan, además de Calderón, personajes como Diego Fernández de Cevallos y Germán Martínez, lo mismo que Manuel Espino o el desaparecido Juan Camilo Mouriño, es uno ya transformado por las "concertacesiones" con el gobierno de Carlos Salinas en los 1990 así como por el ejercicio del poder. Se trata de un partido que ha aprendido bien y a fondo cómo y para qué negociar con los priistas desde la oposición primero y desde el poder después y que, en el proceso, se fue haciendo cada vez más parecido al PRI.

En el capítulo publicado por Reyna en el tomo 3 de Una historia contemporánea de México -"El sistema político: cambios y vicisitudes"- se muestra que desde hace ya algunos años nuestro país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para avanzar en la construcción de una efectiva democracia política, pero que para empezar a andar ese camino con paso firme es necesario -en realidad indispensable- proceder a desmantelar la vieja estructura autoritaria. Sin embargo, eso es justamente lo que no ha sucedido.

El foxismo y el panismo llevan ya más de ocho años ejerciendo el poder desde la Presidencia, en varios estados y un buen número de municipios, pero ni el uno ni el otro han mostrado auténtica disposición a abatir el viejo arreglo. Al contrario, lo encontraron conveniente a punto que más bien pareciera que el proyecto de ambos -y ésta es su coincidencia fundamental- es remozarlo por la vía de la alternancia entre PRI y PAN y de un cambio en el discurso, pero sin tocar el arreglo fundamental, el heredado, salvo por lo que toca al viejo arreglo del PRI con el narcotráfico. En enero de 1989 Salinas buscó "ganar la Presidencia desde la Presidencia": usar al Ejército para dar un golpe espectacular a un viejo cacicazgo sindical -el petrolero-, para luego volverlo a recrear a su imagen y semejanza. Calderón decidió hacer algo parecido en diciembre del 2006 pero de una manera mucho más arriesgada: usar al Ejército para declararle "la guerra" al narcotráfico; la moneda calderonista aún está en el aire pues en su caso no ha logrado el equivalente del "Quinazo".



Cambiar la forma sin tocar el contenido


Hoy ya no vivimos bajo el signo de un "sistema de partido" sino que tenemos un sistema de partidos, cuya forma no es muy distinta de la que es común en muchas democracias efectivas: dos partidos grandes, uno mediano y cinco pequeños más algunos regionales. Como consecuencia de ese cambio, se modificó de manera sustantiva la característica distintiva del viejo régimen priista: la gran concentración del poder en manos del Presidente. Esta transformación se inició en la fase final del priismo clásico. Como bien lo muestran Rogelio Hernández, Luisa Béjar o Arturo Alvarado, en otros tantos capítulos de la obra sobre el México contemporáneo ya citada, y que fijan la atención en los cambios en las arenas de los partidos, los gobiernos estatales, el federalismo, los congresos y los municipios. Las reformas administrativas y los cambios económicos de los 1980 y 1990 fueron el arranque de la migración de una parte del poder histórico de la Presidencia hacia los partidos, gobiernos estatales, municipales y los congresos.

Ahora bien, ¿esas modificaciones de las formas en el ejercicio del poder han significado, también, un cambio en sus contenidos? Aquí la respuesta tiene que ser: no mucho. El sistema electoral está lejos de ser transparente y sin manipulación. En un buen número de estados, el PRI sigue aumentando cuentas a su rosario de años de dominio ininterrumpido sobre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial: en Veracruz, Puebla, estado de México, Oaxaca y muchos más, ese monopolio ya ha cumplido 80 años y va por más. La relación entre el gobierno federal y los grandes cacicazgos sindicales -SNTE, STPRM, CTM- es hoy tan estrecha o más que en la época priista. La muy buena asociación que el priismo post-revolucionario estableció con el gran capital fue reforzada durante el salinismo y hoy se mantiene a ese nivel, no en balde, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial rompió en el 2006 la legalidad con tal de apoyar de manera efectiva a Felipe Calderón en el momento electoral crucial.

La corrupción es un campo donde se esperaba un cambio natural y sustantivo al ocurrir la transferencia de poder del priismo al foxismo-panismo, pero no fue el caso. Desde la persistencia de monopolios o cuasimonopolios a pesar de su prohibición constitucional hasta el tráfico de influencias, los contratos inflados entre gobierno y proveedores pasando por las tristemente célebres subrogaciones sin control efectivo y la omnipresente cooptación de autoridades por el crimen organizado, el lavado de dinero o la trata de personas. Y la lista puede seguir.

La impunidad, característica central del régimen autoritario priista, era otra de las arenas donde se suponía que era posible y obligado el cambio de fondo. Sin embargo, ningún "pez gordo" cayó durante el foxismo ni después. Obviamente el respeto a los derechos humanos fue letra muerta en el régimen que nos dio la "Federal de Seguridad", el 68 y el 71 -entre otros- y que se empeñó en "guerras sucias" contra sus enemigos armados, desde los cristeros hasta los neozapatistas. Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho desde el 2000 hasta nuestros días, como lo demuestran las acciones y juicios injustos contra dirigentes de la APPO o de Atenco o con activistas como Lydia Cacho.

El campo más importante en la medición de los efectos del juego político en el mundo del ciudadano promedio es el social, el de la distribución de los costos y los beneficios de las actividades productivas. Echando mano de los cálculos sobre la distribución del ingreso monetario en los hogares mexicanos elaborados por Gerardo Esquivel -"The Dynamics of Income Inequality in Mexico since NAFTA" (PNUD, 2009)-, se puede constatar que la desigualdad social se acentuó en nuestro país a partir de la crisis del modelo económico a inicios de los años ochenta del siglo pasado y que luego disminuyó, pero sólo para volver a tener casi la misma forma que cuando el priismo clásico entró en crisis al final del gobierno de José López Portillo. Veamos las cifras; en 1984 el ingreso del 10% de los hogares más ricos equivalía a 31.9 veces el del 10% de los más pobres, pero en 1998 la cifra aumentó a ¡54.8 veces! Ahora bien, para el final del foxismo, en 2006, ese 10% de los hogares más afortunados disponían de un ingreso "sólo" 34.3 veces mayor que el del 10% de los más pobres. Esto significa que, en materia de distribución del ingreso, tras un periplo de más de 20 años, apenas si logramos retornar a donde estábamos en la etapa final del priismo clásico. Recordando un título de Shakespeare, el cambio político en México pareciera haber sido "mucho ruido y pocas nueces".

Militares cometen arresto arbitráreo y asesinato

La noche del sábado 20 de junio, un retén militar ubicado entre
Huamuxtitlan y Tlapa, en el Estado de Guerrero, en México, le indicó a
un autobús de pasajeros de la línea “Sur” propiedad de Omnibus
Cristóbal Colón S.A. de C.V. que se detuviera.

El autobús se detuvo y los militares revisaron el camión así como a
todos los pasajeros; en ese momento detuvieron a Fausto Saavedra
Valera –indígena mixteco- porque calzaba botas “de tipo militar”. El
chófer del autobús solicitó a los militares que anotaran en su libreta
la detención de la que estaba siendo objeto Fausto. Finalmente los
militares aceptaron anotar que detenían a Fausto e indicaron al chófer
que podía proseguir su camino.

Segundos más tarde, los militares dispararon en contra del autobús
lleno de pasajeros, asesinando instantáneamente al indígena naua
Bonfilio Rubio Villegas, de 29 años de edad. De acuerdo con la versión
oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el autobús
nunca se detuvo por lo que los militares dispararon al aire y contra
la llantas del mismo.

No obstante, esta versión contradice las declaraciones de los mismos
soldados presentes en el retén y quienes declararon ante el Ministerio
Público, con fecha 21 de junio -de acuerdo con lo que obra en el
expediente de Fausto Saavedra- que “el chófer del autobús se detuvo
para ser revisado cuando elementos del ejército le solicitaron que
parara”.

Asimismo, las múltiples perforaciones de bala que tiene el autobús y
la bala que perforó el cuello del indígena Bonfilio -provenientes de
las armas del ejército- son evidencia de que los militares dispararon
en contra del autobús y no “al aire”.

El día de hoy, 2 de julio, las organizaciones FUNDAR, INSYDE y
Tlachinollan dieron una conferencia de prensa sobre la detención
arbitraria de Fausto, en la que exigieron además justicia para el
asesinato de Bonfilio. Adjuntamos el comunicado de prensa.

miércoles, 1 de julio de 2009

Paramilitares atacan y sitian comunidad nahua en Michoacán: CNI

Sicarios dispararon a habitantes de Santa María Ostula y no dejan permiten entrar a atender heridos; el Ejército despliega fuerzas.

por Hermann Bellinghausen
30/06/2009

En un comunicado urgente divulgado por el Congreso Nacional Indígena (CNI), se denunció que la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, está siendo agredida desde la noche del lunes por paramilitares armados con armas de alto poder, quienes pretenden despojarlos de sus tierras.

Este lunes, alrededor de las 19:00 horas, “un grupo de choque contratado por un reducido grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, que portaba armas de alto poder, emboscó y disparó indiscriminadamente sobre hombres, mujeres y niños pertenecientes a la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, que, con fundamento en la garantía contenida en el artículo 27 constitucional y en los derechos que protegen los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT, se encontraban realizando una acción pacífica y legal para proteger la posesión de nuestras tierras comunales en el paraje conocido como La Canaguancera, lugar que ha sido invadido por los supuestos pequeños propietarios durante años”, según denuncia la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula.

Esta comunidad indígena “fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964. Sin embargo, al tramitar, dictar y ejecutar nuestra resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales, las autoridades agrarias incurrieron en serias irregularidades”. La falta de certeza jurídica ha derivado en la invasión de sus tierras por parte de los “supuestos pequeños propietarios”, que a través de los años “han ocupado en forma ilegal más de 700 hectáreas correspondientes a nuestra propiedad y posesión comunal”.

Aún existiendo diversos amparos y medidas cautelares favorables a los indígenas, “personas contratadas por los supuestos pequeños propietarios empezaron a ocupar nuestras tierras comunales el pasado 10 de junio”. Fue así que la asamblea general de comuneros resolvió reforzar su posesión en sus tierras.

En estos momentos, la situación de la comunidad “es difícil, pues un grupo superior a los 300 comuneros, incluidas varias mujeres, se encuentran incomunicados y cercados por los sicarios en el paraje de La Canaguancera, razón por la que no sabemos si existen heridos en dicho lugar y cuantos puedan ser.

Asimismo, en los alrededores de la comunidad y de La Placita se han establecido a lo largo de la noche dos numerosos destacamentos pertenecientes al Ejército mexicano y a la Marina. Por otro lado, la comunidad ha cerrado los accesos a los 21 poblados que la integran y cerca de dos mil comuneros se hayan haciendo vigilancia en diversos puntos del territorio comunal, en tanto que las hermanas comunidades nahuas de El Coire y Pómaro se encuentran organizando diversas acciones para la defensa conjunta del pueblo nahua de Michoacán”.